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PRONUNCIAMIENTO DE LA CARRERA DE ANTROPOLOGÍA-ARQUEOLOGÍA SOBRE LOS INCENDIOS EN LA CHIQUITANÍA

Incendio de los bosques Chiquitanos (tomado de ucbcba.edu.bo)

Las Carreras de Antropología-Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se suman a la lucha de los pueblos indígenas contra el desastre ambiental provocado por los incendios forestales, cuyo resultado hasta la fecha son más de 2.000.000 de hectáreas quemadas, entre ellas el Bosque Seco Chiquitano. Este desastre es producto de la implementación de normas y políticas de ampliación de la frontera agraria en favor del sector agroindustrial beneficiando sus intereses, así como de las transnacionales, empresarios privados y gobiernos extranjeros.

Como consecuencia se ha afectado severamente a los pueblos que habitan el lugar, como el Chiquitano, Guarasug’we, Guarani, Guarayo y Ayoréode, a su memoria histórica, patrimonio cultural y arqueológico como sitios con arte rupestre registrados y otros, se ha puesto en riesgo a los conjuntos arquitectónicos de las Misiones de Chiquitos declaradas Patrimonio de la Humanidad, y se han destruido irremediablemente paisajes naturales, entornos con los que guardan relación indisociable; asimismo, cinco áreas protegidas están en riesgo y con ellas el patrimonio natural y cultural que contienen.

Ante esta situación expuesta, las carreras de Antropología y Arqueología:

  1. Exigimos a las autoridades del Estado el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios ancestrales, consagrados en normas nacionales e internacionales y ratificadas por el Estado boliviano, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
  2. Apoyamos las demandas y lucha de las comunidades y pueblos indígenas afectados quienes exhortan a la defensa de la vida. Exigimos la plena restitución de sus sistemas de vida (bosques, flora, fauna, funciones ambientales y otros) dañados por los devastadores incendios forestales en sus territorios.
  3. Exigimos que se implementen las medidas necesarias y se disponga de recursos económicos suficientes para proteger el territorio del pueblo Ayoréode en el que varias familias se encontrarían en aislamiento voluntario, respetando lo que dispone la Ley 450 de protección de los pueblos en situación de alta vulnerabilidad, que hasta ahora no ha sido establecida su institucionalidad para aplicarla. Los incendios forestales amenazarían enormemente su derecho de vivir en situación de aislamiento.
  4. Conminamos a cambiar el modelo productivo extractivista destinado a la producción de monocultivos y ganadería para la exportación, el cual está yendo en detrimento de la sobreviviencia de los pueblos indígenas y de la población boliviana, ya que dependemos de la conservación del ecosistema. Exigimos la abrogación de la Ley No 1098 del etanol y el biodiesel, la Ley No 1171 de uso y quema irracional de los ecosistemas.
  5. Demandamos de manera inmediata la abrogación de la Ley No 741 y el Decreto Supremo No 3973 que legaliza la ampliación de desmonte y la quema de bosques, así como de toda norma que esté en contra de los derechos de la madre tierra, las áreas protegidas y la ampliación desmedida de la frontera agrícola, que solo impulsa a la larga un saqueo desmedido de los recursos naturales y la capitalización de la madre tierra, a través de una falsa visión de desarrollo, que no asegura la sustentabilidad de la vida integra y las relaciones que venimos construyendo con la naturaleza, a la que sentimos no solo como proveedora de bienes económicos, sino como nuestra hermana y habitat de los dioses.
  6. Exigimos a las autoridades competentes encaminar políticas sostenibles que consideren primordialmente la vocación de los suelos, evitando la visión “desarrollista” que desvaloriza los bosques y provoca la deforestación, degradación y pérdida de los suelos, por el incentivo irresponsable de la ampliación de la frontera agrícola y dotación de tierras en áreas protegidas y territorios indígenas.
  7. Exigimos al gobierno una verdadera “pausa ecológica”, que permita una evaluación de la magnitud del desastre ocasionado al patrimonio cultural y natural a través de un equipo interinstitucional, con participación de las universidades públicas y de las organizaciones indígenas, estableciendo sanciones para quienes irresponsablemente atentaron contra nuestro bien común, y que se tomen las medidas necesarias para que se implementen programas de restauración, revirtiendo el daño ocasionado al patrimonio natural y cultural provocado por los incendios forestales en la Chiquitania. Alentamos a que los pueblos indígenas ejerzan una continua fiscalización en éste proceso, así como para detener todo intento de continuar con la destrucción de sus territorios y áreas protegidas a nivel nacional.
  8. Exigimos que toda norma y medida que involucre la afectación de las relaciones con la naturaleza, en los territorios indígenas y áreas protegidas, sea oportunamente consultada de buena fe y en conformidad con los postulados de la consulta previa a los pueblos indígenas y al pueblo boliviano en general.
  9. Promover el inicio de un proceso penal a la Ministra Vilma Alanoca por no haber protegido el patrimonio en riesgo, como señala la CPE (Art. 99) y la Ley de Patrimonio (Art. 48) por incumplimiento de deberes y omisión de su función ante el eventual daño y destrucción al patrimonio cultural y arqueológico ocasionado por los incendios forestales.
  10. Responsabilizamos al Ministro de Medio Ambiente y Aguas (responsable por velar que en la aplicación del Decreto Supremo No. 3973 se cumplan las medidas de resguardo y aplicación del Plan de Uso de Suelos), a la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), al Instituto Nacional de Reforma Agraria por el incumplimiento de la Ley 3545 en lo que respecta a los asentamiento humanos en tierras fiscales y a todas las instituciones y autoridades que promovieron el desmonte e incendio, por el enorme daño ocasionado, así como denunciamos que cuando los efectos del incendio eran evidentes y la población exigía la declaratoria de emergencia, la ABT continúo con su política perversa de desmonte y autorización de quemas.
  11. Rechazamos el uso político del desastre ambiental por todos los partidos políticos, pues las políticas generadoras del incendio se mantienen firmes, conciliadas con intereses de los agroindustriales y capitales transnacionales.
  12. Convocamos a movilizarnos permanentemente en defensa de la biodiversidad, el medio ambiente, la vida integra y apoyar las resistencias en los territorios de los pueblos indígenas.

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