Reseña de la publicación: «Gestión del Patrimonio Arqueológico en el Proyecto de Construcción de la Carretera Nazacara – Hito IV»

Tramo I: Nazacara – San Andrés de Machaca

2019. Administradora Boliviana de Carreteras – ABC (Sin autor). 

La Paz: ABC – FONPLATA. 49 páginas.

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El pasado 30 de mayo del 2019 se presentó el libro «Gestión del Patrimonio Arqueológico en el Proyecto de Construcción de la Carretera Nazacara – Hito IV». Tramo I: Nazacara  – San Andrés de Machaca», publicación que fue auspiciada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). El evento tuvo lugar en el Auditorio «Max Portugal» de la Carrera de Antropología – Arqueología de la UMSA. Con tal motivo se presenta una breve reseña de la publicación a objeto de que la comunidad arqueológica tome conocimiento de éste importante documento.

Llama la atención que la publicación no especifique el autor del texto y que tanto la presentación como la introducción tampoco lo tengan. No obstante, su contenido brinda al lector una panorámica del contexto bajo el cual se enmarcan los resultados del proyecto.

El primer acápite, bajo el extenso título Generalidades de la Gestión del Patrimonio Arqueológico en el Proyecto de Construcción de la Carretera Nazacara – Hito IV Tramo I: Nazacara – San Andrés de Machaca, ocupa 4 páginas en las cuales se describe inicialmente el relacionamiento de la carretera con la Red Vial Fundamental, la normativa que la incluyó, su reconocimiento en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna y la fuente de financiamiento con la que fue construida. Seguidamente se describe, de forma muy resumida, las obras de ingeniería y labores arqueológicas ejecutadas en el Derecho de vía (DDV). Finalmente, se describe el paquete normativo bajo el que las labores arqueológicas se hallan normadas (CPE, Ley Nº 530, Ley Nº 1333 y R.M. 020/2018).

El segundo acápite, denominado Reportes Arqueológicos e Históricos del Tramo Nazacara – San Andrés de machaca, nos introduce, en 10 páginas, a todas las fuentes documentales que contienen información relacionada a las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, además del cuadro cronológico-asociativo bajo el que se analizaron los restos arqueológicos hallados.

En el acápite de Actividades Arqueológicas dentro del Proyecto de Construcción de la Carretera Nazacara – Hito IV Tramo I: Nazacara – San Andrés de Machaca (tercero en la publicación), se explica (en 6 páginas), que se definieron 3 fases -de labores arqueológicas- para el acompañamiento de la obra constructiva. En la primera fase se habría re-evaluado los resultados vertidos en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, mediante la visita a los sitios reportados, y perforaciones para la verificación estratigráfica (además de una prospección de todo el DDV del proyecto). En la segunda fase se habría procedido a ejecutar las medidas compensatorias de impacto, resumidas en un rescate que incluía una recolección superficial del material arqueológico y excavaciones de sondeo y en extensivas en área. Una tercera y última fase habría servido para el monitoreo de obras durante la etapa constructiva.

El acápite final  (cuarto), denominado Resumen de los Alcances de las Actividades Arqueológicas dentro del Proyecto de Construcción de la Carretera Nazacara – Hito IV Tramo I: Nazacara – San Andrés de Machaca, expone los resultados del Rescate, Monitoreo y Análisis de materiales en el tramo, además de presentar unas breves conclusiones de corte semi-interpretativo. Esta sección se desarrolló en 7 páginas de texto e imágenes, acompañadas de 2 páginas únicamente de imágenes (haciendo un total de 9 páginas), entre las que destaca un mapa que presenta los dos sitios arcaicos de la región, apoyado por los resultados de un escueto análisis lítico.

Revisada la presente publicación, no se puede más que aplaudir este primer intento de la ABC por iniciar lo que, esperemos, sea una larga secuencia de publicaciones que facilite el acceso, tanto a investigadores como al público en general, de la información que sus extensos bancos de datos albergan. Sin duda, el compromiso de las instituciones estatales con el patrimonio, reflejado en su capacidad de gestionar fondos para su difusión (no sólo en medios escritos), es clave en la construcción de políticas públicas de sensibilización, y puede situar a la ABC en la vanguardia de la generación de espacios y normativa que permita la liberación de esta valiosa información, que a su vez construye identidad.

Más allá de la presentación de los datos, la publicación muestra una serie de falencias que debieran ser superadas en futuras publicaciones de la ABC, a fin de lograr publicaciones comprensibles, enmarcadas en estándares de calidad, que reflejen la seriedad de la institución. Inicialmente, la ABC no puede caer en la mala práctica del desconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, por lo que sus textos deberían considerar -siempre- el nombre de los especialistas que los generen (aún si se tratara de extracciones de texto de los informes). En segundo lugar, es necesario un proceso de corrección de redacción (del que incluso yo no escapo al escribir estas reseñas), que hagan de la lectura un proceso fluido que facilite la comprensión, evite un uso impreciso de conceptos, o la construcción inadecuada de oraciones difícilmente comprensibles. En tercer lugar, es necesario que las instituciones comprendan que los especialistas tienen mucho que decir, por lo que 49 páginas (con un abuso indiscriminado de imágenes que ocupan páginas enteras) evitan la verdadera difusión de datos que requieren de espacio.

En cuanto al tema de la «Gestión», es oportuno precisar lo que expresa la Ley Nº 530 (del Patrimonio Cultural Boliviano), que establece, en su Artículo 4, numeral 23, que la Gestión del Patrimonio Cultural «Es el conjunto de actuaciones programadas y coordinadas con el objetivo de conseguir una óptima conservación, manejo y aprovechamiento del Patrimonio Cultural.». Ahora bien, y acorde a lo que establece el numeral 9 el Artículo 3, esta gestión «debe ser una acción compartida y coordinada entre las diferentes entidades territoriales autónomas, las instituciones del nivel central del Estado y la sociedad organizada. El Ministerio de Culturas y Turismo, como órgano rector promoverá esta coordinación.«. Además, dicha ley reconoce, como actuaciones programadas en la gestión del patrimonio: el registro, la conservación, la protección, la investigación, la restauración y la difusión, por lo que el título del texto parece muy amplio en relación a las acciones que describe.

Finalmente, si nos hallamos -por fin- en el camino de la verdadera «Gestión», bajo el enfoque que nuestra propia normativa delimita, invitamos a la ABC a participar más allá de la difusión, tarea que muchas otras instituciones juzgan como final y liberadora, comprometiendo su participación en proyectos de investigación, conservación y restauración que provengan de las necesidades que las propias comunidades les expresan, como parte de un verdadero proceso de coordinación.

Javier Mencias Bedoya

Junio 2019